Santo Domingo,- El Ministerio Público sigue recibiendo reveses en el juicio de fondo a los inculpados en el expediente del caso Odebrecht.
Las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ratificaron en todas sus partes la decisión de no admitir en el juicio Odebrecht los acuerdos de lenidad y culpabilidad, a través de los cuales la constructora brasileña admitió que pagó US$92 millones en sobornos en el país.
El tribunal ratificó que las traducciones de esos documentos, que están en idioma extranjero, no fueron depositadas ni a la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), ni fueron notificadas a las partes, por lo tanto, quedan fuera del proceso, por no haber estado incluidas en la acusación en el acto de apertura a juicio.
“En este tribunal no se ha incorporado ninguna prueba que no haya sido recibida por la Suprema Corte de Justicia… y solo son admitidas las que fueron sometidas al escrutinio del juez de la instrucción”, estableció el tribunal en su decisión tomada a unanimidad por las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo.
Esto quiere decir que quedan fuera del debate la comunicación remitida a Jean Alain Rodríguez que continente el Acuerdo de Admisión de Culpabilidad ASA-DOJ, el Acuerdo de Lenidad de Brasil y el acuerdo de culpabilidad.
Punto a favor de los imputados
Con esto, las juezas acogieron el pedimento de la defensa de los imputados que indicó que las traducciones no cuentan con sellos, firma, foliado ni fecha de cuándo fueron depositadas ante la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia. Los abogados dijeron que dada esta situación los documentos no existen en este caso judicial.
Los abogados refirieron que el Ministerio Público pretendía incorporar al juicio las traducciones de los acuerdos de lenidad, el de culpabilidad y los respectivos anexos, que dicen fueron obtenidos de forma ilegal.
En sus argumentaciones, la fiscal Mirna Ortiz estableció que las traducciones de los documentos sí existen y se aportaron al tribunal que conoció la audiencia preliminar (el Juzgado de Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia), lo cual, explicó está establecido en el inventario de las pruebas. Manifestó, además, que los abogados de los acusados “siempre las han tenido en su poder”, ya que, agregó, “le fueron notificadas”.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, aseguró que el acto número 52-2017, de fecha 19 de mayo de 2017, instrumentado por la intérprete judicial Laura María Serra Nova, establece que los documentos fueron traducidos y que los mismos fueron entregados a la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia. “Nosotros hemos cumplido con nuestra obligación”, manifestó.
