Ministro Vásquez Martínez, a través de su vocero, advierte no autorizarán ese tipo de manifestaciones porque violaría la Ley No.285-04
El Ministerio de Interior y Policía advirtió que los extranjeros tienen prohibido por ley organizar actividades que pueden afectar la paz social, la seguridad ciudadana o el orden público en la República Dominicana.
La observación se fundamenta en lo que establece el artículo 122, inciso 1, de la Ley General de Migración No. 285-04.
La advertencia fue hecha por el ministro Jesús Vásquez Martínez, a través de su vocero, Ricardo Fortuna, director de Comunicaciones, a propósito del llamado realizado por varias organizaciones para que miembros de diáspora haitiana participen en una marcha, convocada para el próximo domingo, con el objetivo de exigir a la comunidad internacional la solución a la crisis humanitaria y de seguridad en el vecino país.
El portavoz, al hablar en nombre del ministro Vásquez Martínez, alertó que, en base a las disposiciones legales vigentes, el Ministerio de Interior y Policía no otorgará permisos para que ese tipo de manifestaciones se puedan llevar a cabo en el país.
La decisión se produce en momentos en que Haití enfrenta una crisis política, de inseguridad y humanitaria y ante el llamado a una manifestación realizado por el pastor John Henrys Santana y el obispo Gregory Toussaint, a través de una rueda de prensa simultánea desde Miami y la Iglesia Tabernáculo de Dios, ubicada en Santo Domingo.
La marcha fue convocada para el próximo domingo, a partir de las 12 del mediodía y tenía previsto iniciar en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Manuel de Jesús Troncoso, en el Distrito Nacional, donde se sitúa la iglesia Tabernáculo de Dios.
“Con la prohibición, para realizar ese tipo de manifestaciones, el Ministerio de Interior y Policía, liderado por Jesús Vásquez Martínez, ratifica su compromiso de mantenerse firme en el respeto a las leyes del país y, muy especialmente, a lo que establece la Ley General de Migración”, expresó Fortuna.
El gobierno de la República Dominicana ha mantenido su posición sólida sobre su estricto apego a los lineamientos que consigna la citada normativa legal.
