Entrevista – El representante de Dominicanos por Derecho, abogado Felipe Fortune revela administraciones anteriores de la JCE hicieron todo lo posible para boicotear la aplicación de la Ley 169-14 y la convirtieron en letra muerta afectando a miles de personas que no están disfrutando de su nacionalidad.
Fortune destaca que no conoce una persona que se ha beneficiado de la Ley 169-14 creada para mitigar el efecto de la sentencia 168-13 emitida por el Tribunal Constitucional y que afectó el desarrollo de miles de jóvenes que perdieron su nacionalidad y por ende quedaron en el limbo de cara a la realización de sus sueños.
El abogado hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que intervenga en que dicha ley comience a ser aplicada en función de su origen, “Nosotros tenemos muchas esperanzas puestas en él, no solo por ser presidente sino por la persona que nos narró su historia, hijo de un inmigrante que entiende nuestra realidad”..
Sostuvo que la Junta Central Electoral continúa con el traslado de actas a los llamados libros de transcripción y, en consecuencia, con las demandas de nulidad para eliminar el primer registro: “una interpretación contraria al espíritu de la ley que ordena regularizar y/o transcribir en los Libros del Registro Civil”.
El grupo planteó que durante la emergencia sanitaria producto del COVID-19, la lentitud en la aplicación de la Ley 169-14 ha incrementado los niveles de vulnerabilidad y de exclusión social en los que se encuentran los dominicanos desnacionalizados, quienes no tienen acceso a los programas de asistencia social que otorga el Estado.
Dominicanos por Derecho es un plataforma de organizaciones comunitarias, de investigación y servicio social que reivindica los derechos de los dominicanos de ascendencia extranjera afectados por la sentencia 168-13.
La sentencia creó una situación de apátrida
En el año 2013, la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana estableció que solo se consideran de nacionalidad dominicana los nacidos en el territorio dominicano de padres dominicanos o de extranjeros residentes legales. El fallo incluyó de forma retroactiva a los nacidos entre 1929 y 2010, lo que despojó de su nacionalidad a miles de personas de ascendencia extranjera, creando una situación de apátrida.
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